La plataforma Stop Desahucios A Coruña ha convocado una concentración de apoyo al bombero que se negó a intervenir en el desahucio de Aurelia Rey de una vivienda el pasado año en el centro de la capital herculina, que será juzgado el próximo jueves por “alteración del orden público”.

Según este colectivo, este gesto contó con “reconocimiento y repercusión, tanto a nivel gallego y estatal, como a nivel internacional”, cuando este bombero se negó a cortar la cadena que bloqueaba el portal deAurelia Rey el 18 de febrero de 2013, recuerda.

Incluso, continúa Stop Desahucios en un comunicado, la acción del bombero generó reacciones en parques de Alicante, Madrid, Valencia, Murcia, La Rioja, Asturias, Valladolid, Andalucía, Cataluña o Canarias, así como en otros colectivos profesionales, y más de cien mil firmas solicitaban a través de la plataforma Change.org que no fuera represaliado por ello.

“Ahora, año y medio más tarde, y después de agotar todas las posibilidades de recurso por la vía administrativa, el bombero que llenó de orgullo a A Coruña afronta el próximo jueves un juicio, supuestamente por mostrar ese día un cartel con el logotipo de Stop Desahucios A Coruña, gesto que la Subdelegación del Gobierno interpreta como una ‘alteración del orden público’, por lo que le quiere hacer pagar una multa de 600 euros”, explica en la nota.

A juicio de este colectivo, lo que “molestó” a la Delegación del Gobierno “no fue que levantase un papel, sino que se hubiera negado a colaborar en echar de casa a una anciana”.

Días después del desahucio de Aurelia Rey, la mesa intersindical de Bomberos de Galicia expresó su rechazado a actuar en desahucios y el apoyo a los compañeros de A Coruña que se negaron a participar en el caso de esta anciana.

Durante la protesta contra el desahucio se cursaron propuestas de sanción a ocho personas, una medida por la que acusaron al Gobierno de querer amedrentar a los movimientos sociales.

El delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, recordó después al portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, uno de los sancionados, que la desobediencia civil, si bien es una opción, conlleva “aceptar las consecuencias de las acciones que uno practica” y no “insultar” a quien tiene el deber de instruir un expediente.