El Grupo Parlamentario Popular ha introducido una enmienda en el proyecto de ley para mejorar la cadena alimentaria que supondrá, en la práctica, la censura informativa sobre los estudios en materia seguridad de los alimentos.

De aprobarse el texto en sus términos actuales, los análisis de productos alimentarios, realizados con frecuencia por asociaciones de consumidores y otras organizaciones, no podrán hacerse públicos hasta que el fabricante del producto en cuestión elabore un contraanálisis. En caso de resultados discrepantes, un tercer estudio, que no queda claro quién tendría que hacerlo, debería dirimir la cuestión y, sólo entonces, podrían hacerse llegar al público los resultados de las pruebas.

Así consta en el texto de la enmienda introducida por el Partido Popular y contra la que protestan la organización de consumidores FACUA y el partido animalista PACMA, que consideran que el objetivo de la medida es imposibilitar que se alerte sobre los fraudes en el sector. “La norma pretende meternos miedo en el cuerpo y censurar a las organizaciones de consumidores”, señala el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez. “Se pretende impedir que asociaciones de consumidores y medios de comunicación den a conocer los fraudes en el etiquetado de los alimentos”, apunta la portavoz del PACMA, Silvia Barquero.

Además de considerar la medida lesiva para los intereses de los ciudadanos, ambas organizaciones coinciden en señalar que la norma, que califican de “ley mordaza”, es inconstitucional: “La medida atenta contra los derechos fundamentales a la información, la salud y la protección de los consumidores”, afirman.

Opacidad ante las alertas

“Escándalos alimentarios como el de la carne de caballo habrían permanecido en secreto”, alerta FACUA, que critica además la opacidad con la que trabaja la Red de Alerta Alimentaria, el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad encargado de retirar alimentos fraudulentos o peligrosos del mercado: “Hay cientos de alertas cada año y se retiran del mercado alimentos por fraude, fallos de etiquetado y riesgos para la salud de forma secreta. No se cuenta nada”, dice Sánchez.

¿Cuál es entonces el propósito de la enmienda? Según el Grupo Parlamentario Popular, se trata de asegurar el rigor técnico y analítico de los estudios para “garantizar los derechos del consumidor”, algo que no comparte FACUA: “Los requisitos que se imponen para la publicación de los estudios harían que se demorasen en el tiempo. Podríamos advertir de los fraudes años después, cuando la información ya no serviría de nada”, cree Sánchez.

Fuentes del PP también aseguran que se han considerado “todas las demandas de las organizaciones representativas”, extremo que niega el portavoz de FACUA: “El proyecto se nos consultó antes de introducir la enmienda, que cambia por completo la norma”. El Grupo del PP en el Congreso de los Diputados fue incapaz en la tarde de este jueves de indicar con qué organizaciones se ha reunido para la elaboración de la norma, aunque aseguró que fueron “no menos de diez” y que se contó con “mayoristas y minoristas”.

“Es algo que le ha pedido la industria alimentaria al PP y al Ministerio de Agricultura, y el PP lo ha consentido”, indica Sánchez. “Es una medida impulsada, sobre todo, por la industria de la carne, una medida que hará que la gente desconozca qué está consumiendo y que permitirá a la industria ganadera dar salida al excedente de carne de caballo que existe en la actualidad”, concluye Barquero.

Fuente: http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/06/06/canete_impondra_censura_informativa_los_analisis_alimentos_4513_1012.html